Un cop derrotat Napoleó, a Espanya es plantejava el problema de la integració de Ferran VII en el nou ordre constitucional nascut a les Corts de Cadis. El monarca havia abandonat el país com a rei absolut i hi retornava, després del Tractat de Valençay, en el marc d’una monarquia constitucional, fet que feia desconfiar els liberals que acceptés el nou ordre. Així, els diputats van disposar que Ferran VII viatgés directament a Madrid per jurar la Constitució i aquest, temorós d’enfrontar-se amb els que durant sis anys havien resistit l’invasor francès, va acatar les condicions. Però els absolutistes, fonamentalment la noblesa i el clergat, sabien que amb el retorn del monarca disposaven de la seva millor oportunitat per a desfer-se de tot allò que s’havia fet a Cadis i precipitar el retorn cap a l’Antic Règim.
Els absolutistes, per primer cop, es veien obligats a justificar i legitimar enfront dels liberals el règim que ells defensaven. Així, aquests sectors reaccionaris, tron i altar, van organitzar-se ràpidament contra el liberalisme per a demanar el retorn de l’absolutisme a través del Manifest dels Perses d’abril de 1814 (seixanta nou signats conservadors demanaven a Ferran VII que suspengués la Constitució i anul·lés les lleis promulgades per les Corts) i van mobilitzar el poble perquè, a través de la creació del mite de “Fernando el Deseado”, mostrés la seva adhesió incondicional al monarca. D’aquesta manera, l’arribada de Ferran VII va aixecar un gran entusiasme entre una població, que havia lluitat més per l’expulsió dels francesos i per l’alliberament del seu rei que per una Constitució que ni coneixia ni podia entendre. Des del poble, la monarquia es veia com un ens no qüestionable.
Manifest dels Perses de 12 d’abril de 1814
La monarquía absoluta […] es una obra de la razón y de la inteligencia: está subordinada a la ley divina, a la justicia y a las reglas fundamentales del Estado: fue establecida por derecho de conquista o por la sumisión voluntaria de los primeros hombres que eligieron sus Reyes. Así que el Soberano absoluto no tiene facultad de usar sin razón de su autoridad […]: por esto ha sido necesario que el poder Soberano fuese absoluto, para prescribir a los súbditos todo lo que mira al interés común, y obligar a la obediencia a los que se niegan a ella. Pero los que, declaman contra el Gobierno monárquico, confunden el poder absoluto con el arbitrario; sin reflexionar que no hay Estado […], donde en el constitutivo de la Soberanía no se halle un poder absoluto. La única diferencia que hay entre el poder de un Rey y el de una República es que aquel puede ser limitado y el de esta no puede serlo: llamándose absoluto en razón de la fuerza con que pueda ejecutar la ley que constituye el interés de las sociedades civiles. En un gobierno absoluto las personas son libres, la propiedad de los bienes es tan legítima e inviolable, que subsiste aun contra el mismo Soberano que aprueba el ser compelido ante los tribunales, y que su mismo Consejo decida sobre las pretensiones que tienen contra él sus vasallos. El Soberano no puede disponer de la vida de sus súbditos, sino conformarse con el orden de justicia establecido en su Estado. Hay entre el Príncipe y el Pueblo ciertas convenciones que se renuevan con juramento en la consagración de cada Rey: hay leyes, y cuanto se hace contra sus disposiciones es nulo en derecho. Póngase al lado de esta definición la antigua Constitución Española, y medítese la injusticia que se le hace […].
El que debemos pedir, trasladando al papel nuestro voto, y el de nuestras Provincias, es con arreglo a las leyes, fueros, usos y costumbres de España. Ojalá no hubiera materia harto cumplida para que V. M. repita al Reino el decreto que dictó en Bayona y manifieste […] la necesidad de remediar lo actuado en Cádiz, que a este fin se proceda a celebrar Cortes con la solemnidad, y en la forma que se celebraron las antiguas; que entre tanto se mantenga ilesa la Constitución española observada por tantos siglos, y las leyes y fueros que a su virtud se acordaron: que se suspendan los efectos de la Constitución y decretos dictados en Cádiz, y que las nuevas Cortes tomen en consideración su nulidad, su injusticia y sus inconvenientes que también tomen en consideración las resoluciones dictadas en España desde las últimas Cortes hechas en libertad, y lo hecho contra lo dispuesto en ellas, remediando los defectos cometidos por el despotismo ministerial, y dando tono a cuanto interesa a la recta administración de justicia; al arreglo igual de las contribuciones de los vasallos, a la justa libertad y seguridad de sus personas, y a todo lo que es preciso para el mejor orden de una monarquía.
En aquest context, Ferran VII, convençut de la feblesa del sector liberal, va trair les seves promeses inicials i, per mitjà del Reial Decret de 4 de maig de 1814, va abolir la Constitució de 1812 i les lleis elaborades a Cadis per iniciar la restauració de l’absolutisme. Així, van eliminar-se pràcticament totes les reformes impulsades per les Corts durant la guerra i va restablir-se la vella organització administrativa. L’Església va recuperar les seves prerrogatives i les ordres religioses la seva legalitat, els jesuïtes van poder retornar al país i la Inquisició va rebre els seus vells drets. La llibertat d’indústria quedava abolida i els gremis restablerts.
Reial Decret de 4 de maig de 1814
Dado que la divina Providencia por medio de la renuncia espontánea y solemne de mi augusto padre me puso en el trono de mis mayores […] y desde aquel fausto día en que entré en la capital, en medio de las sinceras demostraciones de amor y lealtad con que el pueblo de Madrid salió a recibirme, imponiendo esta manifestación de su amor a mi real persona a las huestes francesas […]; desde aquel día, pues, puse en mi real ánimo para responder a tan leales sentimientos y satisfacer a las grandes obligaciones en que está un Rey con sus pueblos, dedicar todo mi tiempo al desempeño de tan augustas funciones, y a reparar los males a que pudo dar ocasión la perniciosa influencia de un valido durante el reinado anterior […].
Pero la dura situación de las cosas y la perfidia de Buonaparte, de cuyos crueles efectos quise, pasando por Bayona, preservar a mi pueblo, apenas dieron lugar a más. Reunida allí la real familia, se cometió en toda ella, y señaladamente en mi persona, un atroz atentado […]; y violado, en lo más alto el sagrado derecho de gentes, fui privado de mi libertad y de hecho del gobierno de mis reinos […].
Por tanto, habiendo oído lo que ecuánimemente me han informado personas respetables por su celo y conocimientos y lo que acerca de cuanto aquí se contiene se me ha expuesto en representaciones que de varias partes del reino se me han dirigido […] declaro que mi real ánimo es no solamente no jurar ni acceder a dicha Constitución ni a decreto alguno de las cortes generales y extraordinarias, y de las ordinarias actualmente abiertas […] sino a declarar aquella constitución y tales decretos nulos y de ningún valor y efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales actos, y se quitasen de en medio del tiempo, y sin obligación en mis pueblos y súbditos, de cualquiera clase y condición, a cumplirlos ni guardarlos […].
