El 1939, poc després d’iniciar el camí cap a l’exili francès del qual mai retornaria, Manuel Azaña, el ja dimitit president de la Segona República, va escriure un llarg article (que no va arribar a publicar-se en el seu moment) en el qual, tot dirigint-se a la opinió pública internacional, apuntava quines, segons la seva opinió, havien estat les causes que havien conduit a l’esclat de la Guerra Civil espanyola, a més de fer un anàlisi en profunditat dels anys de govern republicà i els entrebancs que aquest va trobar en el seu intent de modernitzar el país:

Las causas de la guerra y de la revolución que han asolado a España durante treinta y dos meses son de dos órdenes: de política interior española y de política internacional. Ambas series se sostienen mutuamente, de suerte que faltando una, la otra no habría sido bastante para desencadenar tanta calamidad. Sin el hecho interno español del alzamiento de julio de 1936, la acción de las potencias totalitarias, que ha convertido el conflicto de España en un problema internacional, no habría tenido ocasión de producirse, ni materia donde clavar la garra. Sin el auxilio previamente concertado de aquellas potencias, la rebelión y la guerra civil subsiguiente no se habrían producido. Es lógico comenzar por la situación política de España este rápido examen, que no se dirige a atacar a nadie ni a defender nada, sino a proveer de elementos de juicio al público extranjero, aturdido por la propaganda.

Desde julio del 36, la propaganda, arma de guerra equivalente a los gases tóxicos, hizo saber al mundo que el alzamiento militar tenía por objetivo: reprimir la anarquía, salir al paso a una inminente revolución comunista y librar a España del dominio de Moscú, defender la civilización cristiana en el occidente de Europa, restaurar la religión perseguida, consolidar la unidad nacional. A estos temas no tardaron en agregarse otros dos: realizar en España una revolución nacional-sindicalista, crear un nuevo imperio español. ¿Cuáles eran, desde el punto de vista de la evolución política de mi país y confrontados con la obra de la República, el origen y el valor de estos temas?

Sería erróneo representarse el movimiento de julio del 36 como una resolución desesperada que una parte del país adoptó ante un riesgo inminente. Los complots contra la República son casi coetáneos a la instauración del régimen. El más notable salió a la luz el 10 de agosto de 1932, con la sublevación de la guarnición de Sevilla y parte de la de Madrid. Detrás estaban, aunque en la sombra, las mismas fuerzas políticas y sociales que han preparado y sostenido el movimiento de julio del 36. Pero en aquella fecha no se había puesto en circulación el slogan del peligro comunista.

La instalación de la República, nacida pacíficamente de unas elecciones municipales, en abril de 1931, sorprendió, no solamente a la corona y los valedores del régimen monárquico, sino a un buen número de republicanos. Los asaltos a viva fuerza contra el nuevo régimen no empezaron antes porque sus enemigos necesitaron algún tiempo para reponerse del estupor y organizarse. El régimen monárquico se hundió por sus propias faltas, más que por el empuje de sus enemigos. La más grave de todas fue la de unir su suerte a la dictadura militar del general Primo de Rivera, instaurada en 1923 con la aprobación del rey. Siete años de opresión despertaron el sentimiento político de los españoles. En abril del 31, la inmensa mayoría era antimonárquica. La explosión del sufragio universal en esa fecha, más que un voto totalmente republicano, era un voto contra el rey y los dictadores. Pero la República era la consecuencia necesaria.

El nuevo régimen se instauró sin causar víctimas ni daños. Una alegría desbordante inundó todo el país. La República venía realmente a dar forma a las aspiraciones que desde los comienzos del siglo trabajaban el espíritu público, a satisfacer las exigencias más urgentes del pueblo. Pero el pueblo, excesivamente contento de su triunfo, no veía las dificultades del camino. En realidad, eran inmensas.

Las dificultades provenían del fondo mismo de la estructura social española y de su historia política en el último siglo. La sociedad española ofrecía los contrastes más violentos. En ciertos núcleos urbanos, un nivel de vida alto, adaptado a todos los usos de la civilización contemporánea, y a los pocos quilómetros, aldeas que parecen detenidas en el siglo XV. Casi a la vista de los palacios de Madrid, los albergues miserables de la montaña. Una corriente vigorosa de libertad intelectual, que en materia de religión se convertía en indiferencia y agnosticismo, junto a demostraciones públicas de fanatismo y superstición, muy distantes del puro sentimiento religioso. Provincias del noroeste donde la tierra está desmenuzada en pedacitos que no bastan a mantener al cultivador; provincias del sur y del oeste, donde el propietario de 14.000 hectáreas detenta en una sola mano todo el territorio de un pueblo. En las grandes ciudades y en las cuencas fabriles, un proletariado industrial bien encuadrado y defendido por los sindicatos; en Andalucía y Extremadura, un proletariado rural que no había saciado el hambre, propicio al anarquismo. La clase media no había realizado a fondo, durante el siglo XIX, la revolución liberal. Expropió las tierras de la Iglesia, fundó el régimen parlamentario. El atraso de la instrucción popular, y su consecuencia, la indiferencia por los asuntos públicos, dejaban sin base sólida al sistema. La industria, la banca, y, en general, la riqueza mobiliaria, resultante del espíritu de empresa, se desarrollaron poco. España siguió siendo un país rural, gobernado por unos cientos de familias. Aunque la Constitución limitaba teóricamente los poderes de la corona, el rey, en buen acuerdo con la Iglesia, reconciliada con la dinastía por la política de León XIII, y apoyado en el ejército, conservaba un predominio decisivo a través de unos partidos pendientes de la voluntad regia. La institución parlamentaria era poco más que una ficción.

Las clases mismas estaban internamente divididas. La porción más adelantada del proletariado formaba dos bandos irreconciliables. La Unión General de Trabajadores (UGT), inspirada y dirigida por el Partido Socialista, se distinguía por su moderación, su disciplina, su concepto de la responsabilidad. Colaboraba en los organismos oficiales (incluso durante la dictadura de Primo de Rivera), aceptaba la legislación social. La organización rival, Confederación Nacional del Trabajo (CNT), abrigaba en su seno a la Federación Anarquista Ibérica (FAI), rehusaba toda participación en los asuntos políticos, repudiaba la legislación social, sus miembros no votaban en las elecciones, practicaba la violencia, el sabotaje y la huelga revolucionaria. Las luchas entre la UGT y la CNT eran durísimas, a veces sangrientas. Por su parte, la clase media, en que el republicanismo liberal reclutaba los más de sus adeptos, también se dividía en bandos, por dos motivos: el religioso y el social. Muchos veían con horror todo intento de laicismo del Estado. A otros, cualquier concesión a las reivindicaciones del proletariado les infundía miedo, como un comienzo de revolución. En realidad, esa discordia interna de la clase media y, en general, de la burguesía, es el origen de la Guerra Civil. La República heredó también de la monarquía el problema de las autonomías regionales. Sobre todo la cuestión catalana venía siendo, desde hacía treinta años, una perturbación constante de la vida pública española.

El primer Parlamento y los primeros Gobiernos republicanos tenían que contemporizar entre esas fuerzas heterogéneas, habitualmente divergentes, acordes por un momento en el interés común de establecer la República. Una república socialista era imposible. Las tres cuartas partes del país la habrían rechazado. Tampoco era posible una república cerradamente burguesa, como lo fue bastantes años la Tercera República en Francia. No era posible, primero porque la burguesía liberal española no tenía fuerza bastante para implantar por si sola el nuevo régimen y defenderlo contra los ataques conjugados de la extrema derecha y de la extrema izquierda. Segundo, porque no habría sido ni justo ni útil que el proletariado español en su conjunto se hallase bajo la República en iguales condiciones que bajo la monarquía. En la evolución política española, la República representaba la posibilidad de transformar el Estado sin someter al país a los estragos de una conmoción violenta. El primer presidente del Gobierno provisional de la Republica, monárquico hasta dos años antes, jefe del partido republicano de la derecha, y católico, formó el Ministerio con republicanos de todos los matices y tres ministros socialistas. La colaboración socialista, indispensable en los primeros tiempos del régimen, a quien primero perjudicó fue al mismo partido, en cuyas filas abrieron brecha los ataques de los extremistas revolucionarios y de los comunistas.

La obra legislativa y de gobierno de la República arrancó de los principios clásicos de la democracia liberal: sufragio universal, Parlamento, elegibilidad de todos los poderes, libertad de conciencia y de cultos, abolición de tribunales y jurisdicciones privilegiados, etc. En las cuestiones económicas era imposible (con socialistas y sin socialistas) atenerse al liberalismo tradicional […].

Las reformas políticas de la República satisfacían a los burgueses liberales, interesaban poco a los proletarios, enemistaban con la República a la burguesía conservadora. Las reformas sociales, por moderadas que fuesen, irritaban a los capitalistas. Las realizaciones principales de la República (reforma agraria, separación de la Iglesia y el Estado, ley del divorcio, autonomía de Cataluña, disminución de la oficialidad en el ejército, etc.) suscitaron, como es normal, gran oposición. También fue rotundamente combatida la función de millares de escuelas y de un centenar de establecimientos de segunda enseñanza porque la instrucción era neutra en lo religioso […].

[En 1934] Había amenazas de un golpe de Estado, dado desde el poder por las derechas, y amenazas de insurrección de las masas proletarias. Huelga de campesinos en mayo del 34. Conflicto con Cataluña. Entrega del poder (octubre 1934) a los grupos de la derecha que no habían aceptado lealmente la República. Decisión gravísima, llena de riesgos. Réplica: insurrección proletaria en Asturias, e insurrección del gobierno catalán. Errores mucho más graves aún, e irreparables. El gobierno no se contentó con sofocar las dos insurrecciones. Realizada una represión atroz, suprimió la autonomía de Cataluña y metió en la cárcel a treinta mil personas. Era el prólogo de la Guerra Civil.

Del aluvión electoral de febrero de 1936, que produjo una mayoría de republicanos y socialistas, salió un gobierno de republicanos burgueses, sin participación socialista. Su programa, sumamente moderado, se publicó antes de las elecciones. El gobierno pronunció palabras de paz, no tomó represalias por las persecuciones sufridas, se esforzó en restablecer la vida normal de la democracia. Los dislates cometidos desde 1934 daban ahora sus frutos. Extremas derechas y extremas izquierdas se hacían ya la guerra. Ardieron algunas iglesias, ardieron Casas del Pueblo. Cayeron asesinadas algunas personas conocidas por su republicanismo y otras de los partidos de derecha. La Falange lanzaba públicas apelaciones a la violencia. Otro tanto hacían algunos grupos obreros. La organización militar clandestina, que funcionaba por lo menos desde dos años antes, y los grupos políticos que se habían procurado el concurso de Italia y Alemania, comenzaron el alzamiento en julio. Lo que esperaban golpe rápido, que en 48 horas les diese el dominio del país, se convirtió en Guerra Civil, en la que inmediatamente se insertó la intervención extranjera.